Justicia para los de ruana

Por Juan Gonzalo Betancur B.

A veces le da a uno por pensar que las leyes en Colombia son para tres cosas: para hacerles el quiebre, para violarlas o para los de ruana.

Lo digo porque hay normas muy claras que se incumplen de manera descarada y nadie, ni los organismos judiciales ni de control del Estado mismo son capaces de defenderlas.

Lo digo por una carta que llegó a finales de noviembre pasado a la redacción del Periódico 15 y que ahora, para publicar este comentario, vale la pena desarrugarla.

Está firmada por el secretario general de la Personería de Bucaramanga, Rosendo Rodríguez López, quien le notifica a Carlos Eduardo Luna, antiguo periodista de 15, que se “profirió ARCHIVO DEFINITIVO dentro del proceso iniciado por queja presentada por usted ante esta entidad, en contra de la doctora MARTHA LUCÍA VEGA CÁRDENAS, secretaria de Educación Municipal (en la época de los hechos)”.

La queja que presentó Carlos Luna fue por un derecho de petición de información que no contestó jamás la mencionada funcionaria. Tuvo que poner una tutela para que ella entregara los datos y apenas cuando el juez le notificó a la señora que estaba en trámite ese proceso judicial, corrió a mandar a la redacción de 15 una cantidad de papeles no solicitados y confusos para anular la acción judicial.

La petición era lo más boba del mundo: el periodista solicitaba una serie de datos sobre colegios públicos de Bucaramanga.

Por supuesto el juez que analizó la tutela, que ya ni me acuerdo cuál fue porque no vale la pena memorizar esos nombres, aceptó el envío de los papeles como el restablecimiento del derecho violado (el de petición) y por ende no concedió la tutela al reportero de 15.

Es decir, con sólo mandar unos papeles no solicitados y confusos, el juez dio por hecho que como periodistas Carlos y los demás de esta redacción quedamos satisfechos. Pues no lo quedamos, pero como hay que acatar la ley, aceptamos la decisión y ahí paró la cosa.

Un poco antes de la tutela Carlos Luna le había informado a la Personería que la señora Vega Cárdenas no cumplió el derecho de petición, el cual obliga a todo funcionario público a entregar en 10 días hábiles toda información que solicite cualquier ciudadano, a menos que esté sometida a reserva. Y la de los colegios no tenía ninguna reserva.

Las normas son claras en que, como ese es un derecho fundamental, el funcionario que no lo cumpla puede ser incluso sancionado con destitución. 15 no reclamaba siquiera que destituyeran a la señora, simplemente que le llamaran la atención. Pero ni eso.

La Personería, un año después de la queja, contestó que había declarado el “archivo definitivo” del proceso, es decir, no encontró méritos para sancionarla ni decirle nada a quien violó un derecho fundamental.

Qué pena con los abogados de la Personería pero ahí se equivocaron o no quisieron ver la falta. Tal vez no consideraron importante la queja y por eso archivaron el caso.

Por la no sanción de este tipo de conductas mínimas es que en Bucaramanga algunos funcionarios creen que el Estado es suyo, que la cosa pública no es pública (de todos) sino privada (de ellos) y por eso el ciudadano lleva tantas veces las de perder cuando se enfrenta al gobierno por medio de una queja o reclamo.

Tal vez porque la secretaria de Educación era una alta funcionaria, por eso ni le llamaron la atención. Si la queja hubiera sido contra un vendedor ambulante de esos que se paran en la calle 36, ahí si le hubieran echado la Policía.

Porque la justicia, sí, lo digo para el que me quiera leer aunque la frase esté más gastada que un verraco, es para los de ruana.

(A todas estas me pregunto qué pensará el General Santander, ‘el hombre de las leyes’, cuya estatua ilustra esta nota. Seguro que nada porque hace mucho se cansó de estarse revolcando en su tumba)