En Colombia paga más ser delincuente

Por Yurany Arciniegas Salamanca
yarciniegas2@unab.edu.co

Imagine que sus padres, hermanos u otros familiares fueron asesinados, que usted es expulsado a la fuerza de su tierra, de su hogar, y llega a una región desconocida donde no tiene servicios de salud, de educación ni empleo. Ese es el drama que han vivido más de 3 millones de personas en nuestro país, pero mientras esto sucede el Gobierno prioriza en pagos y atenciones a los causantes de estos delitos, guerrillas y paramilitares.

Colombia tiene la legislación más avanzada en materia de protección a los desplazados, se considera un delito grave y un crimen de guerra, pero en la práctica eso vale un “pito”, pues no sólo los insurgentes no están siendo condenados por ese delito, sino que son recompensados con dinero al regresar a la vida civil, que de civil quién sabe cuánto dure, pues muchos de ellos dejan de empuñar las armas en los pueblos para pasar a delinquir en las ciudades.

Al mismo tiempo, en esta nación, de trámites y leyes, se gestionan y se cumplen otras. A través del decreto 2767 del Ministerio de Defensa, resulta que hay que pagarle salarios a estos “señores” para que arreglen lo que dañaron cuando estaban en los grupos armados, y se les da recompensa con relación a la información, armas y caletas que entreguen, pero y a los desplazados, ¿quién les retribuye lo que les robaron? ¿Qué hace el gobierno de Uribe?. Ni les retribuyen dependiendo de los daños causados y menos les devuelven los bienes perdidos.

Las personas desplazadas constituyen la población más pobre del país, consiguen menos de 50.000 pesos al mes y la mayoría de ellos son menores de edad. Mientras esto sucede, El Ministerio de Defensa invierte de sus recursos más de 7.000 millones de pesos, como el año pasado, para la inserción de ex guerrilleros y paramilitares, y la magnitud de la problemática de las víctimas del conflicto la tratan con pañitos de agua tibia.

El gobierno habilitó el pago de 93.000 pesos a cada familia con hijos menores de siete años, no mensuales sino bimensuales, un subsidio de educación por 28.0000 pesos a cada niño en primaria y de 56.000 por cada hijo en secundaria.

Como si esto fuera poco, tratan de minimizar sobre estadísticas la dimensión de ese delito, pues el Estado, por Ley debe llevar un registro del número de personas desplazadas, para lo que está la oficina de Sistema Único de Registro, pero mientras allí informan, que las personas desplazadas en la década son 1.716.662 ( millón setecientos dieciséis mil seiscientos sesenta y dos ), la realidad y estudios de organismos como el de la Consultoría para Derechos Humanos y Desplazamiento muestran que la cifra en realidad asciende los 3.5000.000 ( tres millones y medio ) de personas.

El problema continúa, y entre tanto, muchos incluidas las encuestas del gobierno, se hacen de la vista gorda, para negarlos como víctimas y tratarlos simplemente como unas personas más que engrosan las filas de pobres en este país, que como hay tantos ya nos acostumbrados a ver. El problema no es de plata, porque la hay, sino que se dirige más a programas de reinserción y del Plan Colombia con lo que demuestran que aquí se le paga más a alguien por ser delincuente que a aquel que perdió todo por la codicia y guerra de los mismos a quienes ahora recompensan.