Que el aborto se analice desde lo social

Por Ivonne Rodríguez
irodriguez3@unab.edu.co
Foto Beatriz Quintero, Red Nacional de Mujeres

Desde 1990 los grupos de mujeres han pedido la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. No obstante, su visibilidad había sido poca hasta que el 14 de abril de 2005 la abogada Mónica Roa interpuso una demanda de constitucionalidad condicionada al artículo 122 del Código Penal para despenalizar el aborto en tres casos extremos. Desde entonces, el tema se convirtió en punto neurálgico entre los actores de la sociedad colombiana. El problema no es despenalizarlo; es su trasfondo social.

Países tan católicos como Italia, España y Polonia han flexibilizado sus leyes sobre este tema. Sin embargo, éste no puede ser el único argumento, si se parte del precepto de que cada sociedad tiene sus formas de entender la realidad. Lo moral, lo legal y el mismo derecho de las mujeres se incluyen en este debate de muchas aristas, múltiples contradictores y pocos analistas del trasfondo social.

Hablando con una feminista, la abogada Mónica Roa y una médico ginecóloga, encontré que el costo de la ilegalidad del aborto lo tienen que asumir las mujeres más pobres. Son ellas las que se interrumpen el embarazo introduciéndose objetos cortopunzantes o yendo a garajes que, en cuestión de condiciones higiénicas dejan mucho que desear. El resultado: infecciones, pérdida del útero y hasta la misma muerte. Son a las mujeres menos favorecidas a las que por lo general se les señala por una responsabilidad que debe ser compartida y que, siendo no planeado, también es compromiso del Estado.

Es por eso que comulgo con las tres razones por las que se pide la despenalización: cuando la vida o la salud de la mujer están en peligro, cuando el embarazo es resultado de una violación y cuando el feto presenta graves malformaciones incompatibles con la vida. Aquí entra el debate moral sobre si se asesina a un ser inocente, sobre si debe prevalecer la vida en formación o la de la madre. En últimas, estos tres casos extremos logran superar un poco las barreras religiosas cuando a las mujeres se les diagnostica que su hijo nacerá con anencefalia (sin cerebro) o que morirán a pocos días del día del alumbramiento porque tienen lupus (enfermedad que afecta al sistema inmune).

Complicado. Esa es la palabra que escuché de aquella doctora que ha diagnosticado embriones incompatibles con la vida y mujeres que deben interrumpir su embarazo para poder someterse a quimioterapia. Pero la ley en Colombia, que deja tan pocas posibilidades en sus artículos del 122 al 126 del Código Penal, cierra todas las salidas. Los médicos deben realizar en estos casos juntas para tomar una decisión, corriendo el riesgo de someterse a un proceso penal, con la paciente abordo, si alguien los denunciara.

El problema es que cada quien lo mira desde sus ojos: el abogado, el cura, el médico, el psicólogo y la misma mujer. Sectores de la sociedad se quedan en el juzgamiento de una situación que sólo legisla sobre el cuerpo de la mujer y que se queda en el señalamiento moral, importante e individual, pero que no brinda una pronta solución. Da la sensación de que éste es un Estado de doble moral: recrimina a la más pobre, pero no tiene autocrítica para pensar si ha brindado suficiente educación sexual y reproductiva, si se ha esmerado por invertir en reducir la violencia sexual entre sus ciudadanos. Vamos a ver qué pasa con la ley, claro, sin desconocer que el tema del aborto es una decisión individual.