miércoles, abril 19, 2006

Reality shows, mercadeo de la intimidad

Por Yurany Arciniegas Salamanca
yarciniegas2@unab.edu.co

Con la propagación de realitiy shows pareciera que hay que seguir lo que dicte la moda, o lo que se venda más en este comercio de televisión.

El problema no es el entretenimiento, no es el formato, no es que vengan del extranjero, sino la razón humanitaria como excusa para mercadear con las inconformidades y los sufrimientos de seres humanos.

En los programas de la “realidad” hay para todos los gustos y los de búsqueda de la belleza ideal no quedan fuera de venta, con todo y su estratificación social.

Realities de ricos como Dr 90210 o Quiero una cara famosa, pero también de personas humildes como The Swan o El Cisne y Extreme Makeover, este último con versión criolla, pero todos apuntan a que sólo de ese modo se puede tener felicidad.

En este tipo de transmisiones, como en cualquier producto reencauchado que sigue un know how o cómo hacerlo, se repite la escena de la persona triste, con lágrimas en el rostro que habla sobre cómo su presente es un fiasco debido a su apariencia física, seguido de la exhibición morbosa y nefasta de su cuerpo, maltratado, amoratado y su expresión de dolor y el remate con el acto de alegría y transformación de su vida, todo gracias al bisturí.

Practicarse una cirugía plástica es una decisión respetable y personal, pero mostrar en un medio de comunicación, al que no debe olvidársele su responsabilidad social, que es la plenitud de la vida y solución a todos los problemas, me parece una posición fantasiosa y hasta cierto punto ridícula.

Está bien que se muestre la realidad cotidiana de la gente, pero al jugar con las emociones se hace una burla o como alguien dijo: “pornografía del sentimentalismo”.

Tomar seres humanos para exhibir su intimidad, denigrar de sus penurias para causar lástima, con el pretexto de ayudarlos y levantar rating es caer en la vulneración de derechos, que desafortunadamente no es nueva en la televisión.

Su antecesor más reciente, los talk shows amarillistas, como Laura en América, que criticábamos y creíamos distantes, cuestión de peruanos, pero a nuestra casa también se metieron, sólo que con otro frasquito o empaque, made in England u Holanda, con 32% y 19 % respectivamente en exportación de reality shows, con presupuesto monstruoso para controlar el negocio.

Los índices de audiencia demuestran el éxito comercial de esos programas, justificación suficiente de directores televisivos para adoptar en mayor número esas producciones.

El público tiene responsabilidad por tragar entero lo que le ponen, pero lo que debemos plantearnos todos es si acaso la calidad no vende.

Los productores en Colombia no han revelado las cifras de ganancia, pero sí que son una torta que deja muy buena tajada y cómo no, si no dependen sólo de cortes comerciales, sino de la presencia de anunciantes a lo largo del programa, que a su vez cubren en gran medida costos de producción, maquillaje, vestuario, cirugías, entre otros.

Éste no es el agravante, pero sí que en aras de mayores beneficios económicos, se considera al participante que se somete a cirugía y al televidente como simples piezas que generan o engrosan los índices de sintonía, no como seres racionales para informar e instruir, sino entretener con la integridad e intimidad de otro, ni como personas que hay que respetar sino caricaturizar, basta recordar cómo una cámara del reality Quiero una cara famosa capta cómo una joven recién operada va al baño.

Mientras estos formatos sean rentables y haya público que no sea exigente a la hora de buscar entretenimiento televisivo surgirán cada vez más con sus variantes en amarillismo.

La solución de fondo está en los niveles de cultura ética humana y en usar la creatividad, hacer formatos de calidad que diviertan, dejar de lado el facilismo por hacer adaptaciones y copias de productos malos en pro de la moda y la rentabilidad.

En Colombia paga más ser delincuente

Por Yurany Arciniegas Salamanca
yarciniegas2@unab.edu.co

Imagine que sus padres, hermanos u otros familiares fueron asesinados, que usted es expulsado a la fuerza de su tierra, de su hogar, y llega a una región desconocida donde no tiene servicios de salud, de educación ni empleo. Ese es el drama que han vivido más de 3 millones de personas en nuestro país, pero mientras esto sucede el Gobierno prioriza en pagos y atenciones a los causantes de estos delitos, guerrillas y paramilitares.

Colombia tiene la legislación más avanzada en materia de protección a los desplazados, se considera un delito grave y un crimen de guerra, pero en la práctica eso vale un “pito”, pues no sólo los insurgentes no están siendo condenados por ese delito, sino que son recompensados con dinero al regresar a la vida civil, que de civil quién sabe cuánto dure, pues muchos de ellos dejan de empuñar las armas en los pueblos para pasar a delinquir en las ciudades.

Al mismo tiempo, en esta nación, de trámites y leyes, se gestionan y se cumplen otras. A través del decreto 2767 del Ministerio de Defensa, resulta que hay que pagarle salarios a estos “señores” para que arreglen lo que dañaron cuando estaban en los grupos armados, y se les da recompensa con relación a la información, armas y caletas que entreguen, pero y a los desplazados, ¿quién les retribuye lo que les robaron? ¿Qué hace el gobierno de Uribe?. Ni les retribuyen dependiendo de los daños causados y menos les devuelven los bienes perdidos.

Las personas desplazadas constituyen la población más pobre del país, consiguen menos de 50.000 pesos al mes y la mayoría de ellos son menores de edad. Mientras esto sucede, El Ministerio de Defensa invierte de sus recursos más de 7.000 millones de pesos, como el año pasado, para la inserción de ex guerrilleros y paramilitares, y la magnitud de la problemática de las víctimas del conflicto la tratan con pañitos de agua tibia.

El gobierno habilitó el pago de 93.000 pesos a cada familia con hijos menores de siete años, no mensuales sino bimensuales, un subsidio de educación por 28.0000 pesos a cada niño en primaria y de 56.000 por cada hijo en secundaria.

Como si esto fuera poco, tratan de minimizar sobre estadísticas la dimensión de ese delito, pues el Estado, por Ley debe llevar un registro del número de personas desplazadas, para lo que está la oficina de Sistema Único de Registro, pero mientras allí informan, que las personas desplazadas en la década son 1.716.662 ( millón setecientos dieciséis mil seiscientos sesenta y dos ), la realidad y estudios de organismos como el de la Consultoría para Derechos Humanos y Desplazamiento muestran que la cifra en realidad asciende los 3.5000.000 ( tres millones y medio ) de personas.

El problema continúa, y entre tanto, muchos incluidas las encuestas del gobierno, se hacen de la vista gorda, para negarlos como víctimas y tratarlos simplemente como unas personas más que engrosan las filas de pobres en este país, que como hay tantos ya nos acostumbrados a ver. El problema no es de plata, porque la hay, sino que se dirige más a programas de reinserción y del Plan Colombia con lo que demuestran que aquí se le paga más a alguien por ser delincuente que a aquel que perdió todo por la codicia y guerra de los mismos a quienes ahora recompensan.

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